A finales de 1982 habían desaparecido las principales incertidumbres sobre el sistema político y podían darse por acabadas las tareas propias de la transición a la democracia. Dicha situación coincidió en el tiempo con la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se presentaba ante la ciudadanía con un talante reformista, continuador de la labor realizada en los últimos años, y con un liderazgo indiscutible, que suscitaba apoyos muy por encima de los del partido. La palabra "Cambio" presidió la campaña electoral, tras verse obligado el débil gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo a convocar elecciones anticipadas. El PSOE obtuvo una victoria arrolladora que le dió la mayoría absoluta en la representación parlamentaria y le permitía gobernar en solitario. En una entrevista por la televisión el periodista José Oneto preguntó a Felipe González: "¿Qué es el cambio?. El cambio yo lo resumiría en una sola frase: que España funcione." No se podía sintetizar mejor y más didácticamente lo que pretendía. El objetivo era llevar a España a la modernidad, regenerando la vida política y social, a la vez que se trataba de sacarla de su secular aislamiento. La primera legislatura (1982-1986) fue, sin lugar a dudas, la más fecunda de la "época socialista" (1982-1996). El gobierno no se encontró lastrado ni por la ruptura de la "familia socialista", ni por el incremento de la oposición social, ni por los casos de corrupción y los escándalos políticos que marcaron el final de dicha época. Aunque es cierto que en estos primeros años se llevaron a cabo las peores acciones de la "guerra sucia" contra ETA, lo cual supuso no sólo un grave atentado contra los principios democráticos, sino la caída de la credibilidad de los socialistas. En realidad, el Ministerio del Interior siempre fue un problema y Felipe González, que tantos aciertos tuvo en otros áreas, en ésta mostró su cara más negativa. El nuevo presidente del Gobierno dejó claro que su tarea era realizar un "proyecto de modernización" y no "un proyecto socialdemócrata", debido a la incapacidad histórica de la derecha española de cumplir sus objetivos. Por eso González se veía a sí mismo más como un regeneracionista que como un socialista, situándose en el centro de la vida nacional, o rechazando los extremos, que habían sido los culpables del círculo sangriento de las dos Españas. Su claro liderazgo sirvió para que los ciudadanos confiaran en su persona, y al mismo tiempo permitió a González a marginar al Partido en la toma de decisiones. Siempre tuvo claro que se gobernaba desde Moncloa y no desde Ferraz. En el discurso de investidura como candidato a presidente de Gobierno puso de manifiesto que uno de sus objetivos prioritarios era luchar contra la crisis económica, modificando la "deficiente estructura económica legada del pasado". Al mismo tiempo había que desbloquear las negociaciones para entrar como Estado miembro en la Comunidad Económica Europea (CEE). Para llevar a cabo estos objetivos contó con un excelente ministro, Miguel Boyer, bien acompañado por Carlos Solchaga. Miguel Boyer era un socialista liberal que impuso, desde el primer momento, una política rigurosa. Se trataba de lograr la estabilidad macroeconómica, desechando la puesta en práctica de políticas contracíclicas para impulsar la demanda interior como había hecho el gobierno socialista francés. Para profundizar en este importante tema, contamos con el artículo de Donato Fernández Navarrete y Gustavo Matías, en el mismo se realiza un análisis riguroso de las causas que condujeron a la crisis económica internacional y la especial vulnerabilidad de España. Como nos recuerdan los autores, el nuevo gobierno se olvidó con gran rapidez de las promesas electorales realizadas en su programa económico, para poner en marcha una política de ajuste valiente y de gran calado, que sirvió para remontar la crisis a partir de 1984 y facilitar la incorporación a la CEE. La crisis se manifestó sobre todo en el sector industrial y agrario. En el primero de ellos fue muy aguda, pese a que la producción no descendió, sí lo hizo el empleo. En dicho sector se produjo una importante reconversión a costa de puestos de trabajo, lo que implicó la sustitución de trabajo por capital y el incremento de la productividad. Los dos desequilibrios más importantes de la economía española pasaron a ser el paro y el déficit público, siendo el responsable de éste último el aumento en las prestaciones sociales (desempleo, pensiones y sanidad), el incremento de los intereses de la deuda consolidada, las transferencias a las Comunidades Autónomas y a la educación privada, así como una serie de empresas públicas que presentaban resultados muy negativos. Como se puede apreciar, la consolidación del Estado de bienestar y del Estado de las Autonomías, elementos centrales de la nueva democracia. tuvieron su efecto en la política económica. La lamentable situación del mercado de trabajo se mantuvo, pese a las promesas electorales, por lo que no se dudó en flexibilizarlo, aunque en esta ocasión se contó con la no oposición sindical. La reforma del Estatuto de los Trabajadores en 1984 quebró el principio de causalidad, al permitir la utilización de los contratos temporales en puestos de trabajo permanentes. La consecuencia de ello fue la segmentación del mercado laboral. Esta tendencia a la flexibilización se extendió a otras áreas, como al mercado inmobiliario, las pensiones o las empresas públicas. Aunque se ha insistido en numerosas ocasiones en la importancia de la crisis industrial, no menos trascendente fue la crisis del sector bancario, la cual afectó a más de la mitad de los bancos existentes y a una quinta parte del total de recursos. Para hacer frente a la misma, hubo que crear nuevos instrumentos de intervención en el sector y sobre todo realizar un importante desembolso, muy superior al de la reconversión industrial. Las medidas de ajuste del ministerio Boyer comenzaron a dar sus frutos una vez que éste decidió dimitir por incompatibilidad con Alfonso Guerra, pero lo importante fue que su política económica dio resultados positivos, siendo continuada por Carlos Solchaga hasta la huelga general de 1988; esta política unida a la adhesión a la CEE, supuso uno de los mayores activos con los que contó Felipe González, que al apostar por la continuidad en este campo, abandonando los "experimentos", puso de manifiesto su carácter pragmático, no atado a ideas preconcebidas de resultados inciertos. Las negociaciones de adhesión a la CEE fueron especialmente difíciles. Superado el escollo político, que había servido de excusa para mantener a la dictadura alejada de las instituciones europeas, y una vez establecida la democracia se pusieron sobre la mesa numerosas diferencias de índole económico, en especial por parte de Francia, no estando ausentes algunas causas marcadamente políticas tales como el tema de la OTAN. Francia, que había tratado de tutelar el proceso de transición, se convirtió en un difícil contrincante, lo que obligo a España a ceder en la mayor parte de sus pretensiones. No sirvió que estuvieran gobernados ambos países por partidos hermanos en la Internacional Socialista, pues la lógica nacionalista de los franceses se impuso. En todo caso, nuestra adhesión a la CEE iba abrir un periodo en el que España recibiría múltiples ayudas que, sin duda, produjeron avances sustanciales tanto en materia económica como social. Un gobierno fuerte, como el presidido por Felipe González, y con una amplia legitimidad social, se decidió a poner en marcha la tan necesaria reconversión industrial, como muestra el excelente estudio de José María Marín. Dicho autor nos recuerda que el primer gobierno socialista no llevó a cabo ningún intento serio de planificación de la política industrial, pese a lo contemplado en el programa electoral. Los socialistas si tenían presente la necesidad de realizar un "ajuste" en la industria, ligándolo a la reindustrialización. Contaban con el apoyo de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la oposición de Comisiones Obreras (CCOO). Este último sindicato trato de recuperar en la lucha contra la reconversión el espacio sindical perdido tras la derrota en las elecciones sindicales de 1982, y en cierta manera el espacio político, también perdido tras la debacle del Partido Comunista de España (PCE) en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. La dureza de la reconversión se hizo visible con el cierre de Sagunto. Como nos señala Marín el balance "de este conflicto fue de más de un año de durísimos enfrentamientos y movilizaciones obreras en las que se produjeron: 9 huelgas generales en la comarca de Morvedre, 24 huelgas generales en la factoría, 11 manifestaciones en Valencia, 7 marchas a Madrid, y lo que fue más importante: más de 80 días de ocupación de la fábrica por los trabajadores, que en una clara postura de insurrección se negaron a obedecer las órdenes de paralización de los Altos Hornos". La actitud de apoyo a la reconversión de la UGT, con ciertas condiciones, fue posteriormente revisada en el interior de la central socialista, pero no debemos de olvidar que la misma respondía no sólo a un compromiso político, sino también a una estrategia sindical. Es controvertida a afirmación de José María Marín de que "el PSOE pagó un precio relativamente importante con la reconversión industrial", puesto que ganó por mayoría absoluta las elecciones de 1986 y 1989, y si bien aumento la contestación social a su gestión, se daba la paradoja de que los mismos que protagonizaban huelgas y manifestaciones, le seguían votando. Podemos afirmar que los socialistas utilizaban la protesta como forma de criticar la gestión de su gobierno, al que luego votaban. No fueron los sectores perjudicados por la reconversión los que volvieron la espalda al PSOE, sino las clases medias urbanas hartas de tanta corrupción y escándalos y preocupadas por el alza de la presión fiscal. En abril de 1987, en una entrevista al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se le preguntó si el PSOE había resuelto el problema militar, la contestación fue clara: "Tal y como se entendía hasta hace muy pocos años el problema militar, sí. En España existía un Estado civil y un Estado latente militar, y eso está resulto. Aquí hay un poder único, democrático, que se establece en un Parlamento y en un Gobierno por votación de la gente. Hoy, las Fuerzas Armadas no son un Estado latente en España. Son una Administración militar que tiene intención de modernizarse y de ocupar el puesto que la Constitución le asigna." Carlos Navaja, reconocido especialista en temas militares, nos muestra como la gestión de Narcís Serra consiguió apartar al Ejército de tentaciones golpistas, e iniciar una seria modernización de las Fuerzas Armadas. La "piedra angular" de la reforma fue la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la defensa Nacional y de la Organización militar de 5 de enero de 1984. Dicha ley despejaba las ambigüedades de la anterior norma, al concretar y potenciar las competencias del presidente del Gobierno y, especialmente, del ministro de Defensa al serle encomendada la elaboración, determinación y ejecución de la política militar. Con la ley se ponía fin a la autonomía militar, y se acababa así con uno de los mayores obstáculos que habían tenido los españoles para poder vivir en democracia. Durante los gobiernos socialistas se afrontó la modernización de las Fuerzas Armadas, la reducción de sus efectivos y, desde 1988, la incorporación de la mujer a las mismas. También se redujo el servicio militar, pasando de doce a nueve meses y finalmente se dio una solución digna a los militares pertenecientes a la Unión Militar Democrática. Por último, el trabajo de Pablo Martín muestra la actitud de la Iglesia durante el primer gobierno socialista, siendo el tema de la enseñanza el que más conflictos causó. Debemos de pensar que la Iglesia española, después de una actitud valiente y comprometida en los últimos años de la dictadura y durante la transición, comenzó a cambiar de actitud, sin duda influenciada por los nuevos aires que llegaban de Roma. Felipe González afirmaba que "El Gobierno socialista, en realidad, cambió el rumbo de la Historia de España, lo encauzó en una dirección diferente, asentó la democracia, las bases del Estado del bienestar, le dio a nuestro país un papel en el mundo...", y junto a eso siempre aparecería la "coletilla: corrupción". No le falta razón, la corrupción y los escándalos que invadieron la vida política española desde comienzos de los años noventa, a lo que hay que sumar el error de los GAL, empañaron gravemente la importante labor de modernización y de gestión llevada a cabo por los socialistas entre 1982 y 1996. Los artículos que a continuación vienen tratan de reflejar esta realidad. La mayor dificultad con la que nos enfrentamos los historiadores a la hora de analizar dicha época es precisamente saber ponderar adecuadamente los hechos, para poder así obtener una imagen del período que responda a lo sucedido. Creo que los aciertos fueron mayores que los errores, y hoy diez años después de que se asistiera a la lógica alternancia democrática, y dos desde que volviera al gobierno el PSOE, recordamos dichos años con melancolía y con cierta preocupación, por lo poco que aprendieron de él los jóvenes socialistas.