Tradicionalmente se ha identificado al exilio español con la etapa cardenista que marcó el punto culminante del dilatado proceso revolucionario mexicano. Es cierto que el apoyo mexicano a la causa republicana durante la Guerra Civil y la subsiguiente acogida de miles de refugiados españoles, una vez hubo concluido este conflicto, respondieron a decisiones personales de Lázaro Cárdenas inspiradas tanto por razones de afinidad político-ideológica, como por una estrategia exterior de carácter defensivo vinculada al programa económico de signo nacionalista impulsado por Cárdenas.

            No es menos cierto, sin embargo, que la llegada de una buena parte de los refugiados españoles y, especialmente, el proceso de asentamiento del exilio en este país se desarrollaron durante el mandato de su sucesor, el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946). En esta etapa tuvo lugar la definición de la política del México posrevolucionario hacia el exilio republicano y la España franquista –que a grandes rasgos se mantendría hasta la desaparición de la dictadura de Franco– y se produjo la integración de los exiliados en la sociedad y en la vida institucional mexicana, que tendría un importante impacto en una serie de ámbitos de la vida mexicana, como el educativo, el económico o el cultural.

            Ello no se produjo sin que la administración avilacamachista experimentara una serie de vacilaciones en torno a la política que México debía seguir respecto a estos refugiados y a la propia España franquista. La posición de los distintos sectores que constituían la élite política mexicana distó de ser homogénea en este punto y el mismo Ávila Camacho vaciló durante un tiempo en torno a la conveniencia o no de reconocer al régimen franquista. Si ello no se produjo fue debido a las fuertes presiones del ala izquierdista de la coalición posrevolucionaria, depositaria de la herencia cardenista, y especialmente a la progresiva integración de México en el mecanismo de seguridad continental creado por los Estados Unidos, que acabó arrastrando a este país a la Segunda Guerra Mundial. Todo ello acabaría por definir la posición mexicana hacia el exilio y la España franquista que se traduciría finalmente en la creación del Gobierno de la República en el Exilio en el salón de actos del ayuntamiento de México, en agosto de 1945, y en las gestiones realizadas por la diplomacia mexicana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que el nuevo organismo internacional condenara y aislara al régimen franquista, a fin de forzar su caída y el restablecimiento de las instituciones republicanas. El análisis de la posición de México hacia el exilio español resulta, por tanto, indisociable de la dinámica interna y externa experimentada por este país durante el sexenio de Ávila Camacho.

La presidencia de Ávila Camacho supuso la definitiva estabilización del sistema político mexicano que había ido cobrando forma desde Carranza hasta Cárdenas. Para ello, el nuevo presidente tuvo que resolver antes los problemas planteados por la creciente polarización político-ideológica de la sociedad mexicana y por los diferendos de México con el exterior que caracterizaron al final de la etapa cardenista.

La administración avilacamachista afrontó el primero de dichos problemas mediante diversas acciones encaminadas a atraer a los sectores sociales descontentos, como las clases medias y el empresariado. Mientras la retórica oficial vagamente socialista del cardenismo era progresivamente sustituida por otra de carácter nacionalista y democrático, el nuevo gobierno procedió a cancelar los aspectos más controvertidos del programa cardenista, como la educación socialista, al tiempo que ralentizaba el ritmo del reparto de tierras y restablecía el apoyo a la iniciativa privada. El acercamiento a los sectores sociales más conservadores fue facilitado por el consenso alcanzado con la jerarquía católica y por el restablecimiento de la paz social, que ponía fin a la intensa conflictividad laboral del período precedente mediante la modificación de la Ley Federal del Trabajo para limitar el derecho de huelga. En este proceso, el presidente logró establecer un mayor control sobre las organizaciones obreras, no sin enfrentar una fuerte resistencia, impulsando el desplazamiento de Vicente Lombardo Toledano por Fidel Velázquez al frente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y haciendo aprobar una batería de medidas que terminaron de institucionalizar la práctica del “charrismo”.

La culminación de toda esta estrategia fue la reforma política de 1946 que sentaría las bases del régimen autoritario y modernizador mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Estudios recientes parecen indicar que la intención de Ávila Camacho pudo ser paradójicamente establecer el cauce para una progresiva apertura política,[1] pero lo cierto es que ésta no llegó producirse. La reforma de 1946 supuso la refundación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) como Partido Revolucionario Institucional (PRI), eliminando el sector militar –tras la plena subordinación del ejército al poder civil– y restando poder al sector obrero, al reforzar el peso del sector burocrático o popular representado por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), constituida en 1943 como contrapeso a la CTM, que en adelante constituiría el grupo hegemónico dentro del PRI. Paralelamente, la reforma electoral hizo posible la institucionalización de los partidos de oposición de derecha y de izquierda, al tiempo que se aseguraba de que el nuevo partido oficial ocuparía una posición de centralidad dentro del espectro político mexicano. El nuevo modelo político construido durante este período sentaría las bases de la extraordinaria estabilidad política mexicana durante el resto de la centuria.

Las transformaciones del sistema político mexicano fueron acompañadas por la normalización de las relaciones con el exterior, especialmente con los Estados Unidos en el difícil contexto de la Segunda Guerra Mundial. El convenio de noviembre de 1941 permitió la definitiva resolución de las reclamaciones estadounidenses provocadas por el proceso revolucionario mexicano. Poco después, ambos países llegarían a un acuerdo indemnizatorio en torno a la expropiación petrolera, el cual hizo fluir el crédito y las inversiones estadounidenses en un momento en que la industria mexicana iniciaba un proceso de crecimiento vertiginoso a raíz de la Guerra Mundial.

Para entonces, México se había integrado plenamente en el mecanismo de seguridad continental creado por los Estados Unidos. La entrada de esta potencia en el conflicto incrementaría la colaboración mexicana con este país y acabaría llevando al gobierno mexicano a entrar en la guerra del lado de los aliados en mayo de 1942. La participación mexicana en la Conferencia de San Francisco, como una de las naciones fundadoras de la Organización de las Naciones Unidas, simbolizaría el final de los problemas de México con el exterior y de la prolongada marginación internacional del México revolucionario. Este aspecto, a menudo desapercibido, constituiría también una herencia del sexenio de Ávila Camacho.

El presente número monográfico de Historia del Presente analiza la relación del el exilio español con este decisivo período de la historia de México. Los dos primeros artículos abordan diferentes aspectos del México avilacamachista que sirvió de marco al exilio, en tanto que los otros tres estudian desde diferentes perspectivas el proceso de asentamiento del exilio español en el México del período y sus relaciones, a menudo contradictorias, con la sociedad mexicana y con las instituciones políticas, sociales o culturales del período.

 El monográfico se abre con un artículo de Jorge Alonso que sirve de marco general al resto del número y en el que se estudia la política interna de la administración avilacamachista en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El prestigioso investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social analiza cómo Ávila Camacho instrumentalizó la situación bélica para poner en práctica una política de unidad nacional que buscaba establecer un consenso entre las diferentes fuerzas políticas del país a fin de reforzar la legitimidad del régimen político mexicano. Esta estrategia permitió al presidente extender progresivamente su control sobre las organizaciones obreras y campesinas que habían apoyado el proceso de radicalización del régimen cardenista, al tiempo que lograba moderar e integrar parcialmente a la oposición conservadora. Ello se tradujo en la creación de cauces para que tanto la oposición derechista como la disidencia izquierdista tuvieran una participación limitada en el nuevo sistema político.

Alonso aborda esta cuestión a partir de la reacción hacia las iniciativas oficiales de los partidos y agrupaciones políticas de oposición, que no estaban sometidos a la disciplina oficial de los sectores y organismos integrados en el PRM, primero, y en el PRI, después. En este sentido, el artículo plantea un acercamiento a la política avilacamachista desde las perspectivas antagónicas pero complementarias del conservador Partido de Acción Nacional, así como de las distintas formaciones disidentes de la izquierda mexicana.

            El trabajo de Agustín Sánchez Andrés complementa al anterior al abordar los factores internos y externos que condicionaron a la política exterior mexicana durante el sexenio de Ávila Camacho. El artículo estudia el proceso de gestación de un nuevo discurso exterior por parte de la administración de Ávila Camacho en el marco del proceso de normalización de las relaciones del México posrevolucionario con la sociedad internacional. Los factores que condicionaron el acercamiento mexicano a los Estados Unidos en el difícil contexto de la Segunda Guerra Mundial sirven al autor para tratar de diseccionar los motivos que llevaron al gobierno mexicano a establecer las bases de una alianza estratégica con la potencia del norte, en lo que se convertiría, desde ese momento, en una de las líneas maestras de la política avilacamachista.

            El artículo analiza cómo las dificultades planteadas por el carácter asimétrico de esta alianza fueron siendo sorteadas con cierto éxito –aunque también a un alto coste– por la administración avilacamachista, que supo aprovechar esta situación para terminar de normalizar las relaciones del México posrevolucionario con el exterior. La participación de México en el conflicto mundial y la creciente convergencia entre las economías mexicana y estadounidense durante este período supondrían un punto de inflexión para la futura política exterior mexicana, la cual dejaría definitivamente atrás los problemas con el resto del mundo provocados por el largo proceso revolucionario. La política de las autoridades mexicanas hacia el exilio español debe ser analizada y comprendida en este contexto.

            Eso es precisamente lo que hacen los dos siguientes artículos, si bien desde distinta perspectiva. José Francisco Mejía estudia los vaivenes de la política oficial hacia el exilio español tras la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de México en diciembre de 1940. El joven investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza los factores de continuidad que confirieron cierta inercia a la posición de la nueva administración hacia una cuestión que, como el exilio español, constituía finalmente una herencia de la etapa precedente. Con todo, el artículo se centra en determinar la evolución de la política avilacamachista hacia el exilio. Una posición que, por otra parte, distó mucho de ser unánime debido a la naturaleza heterogénea de la coalición política que sustentaba la presidencia de Ávila Camacho. Mejía expone cómo un sector importante de la administración, encabezado por el propio secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, y por el influyente hermano del presidente, Maximino Ávila Camacho, presionaron para restablecer las relaciones con la España de Franco y para establecer un mayor control sobre un exilio en ocasiones incómodo. El propio Ávila Camacho vaciló al principio de su mandato y sólo el temor a una fractura con el cardenismo le llevó a mantener el apoyo a los refugiados españoles, pese a que éste no se hizo verdaderamente firme hasta que México se vio arrastrado a la guerra en el bando de los aliados.

            El artículo de Carlos Sola aborda igualmente la cambiante relación entre las autoridades mexicanas y los refugiados republicanos, pero lo hace desde la perspectiva del propio exilio. El investigador de origen español del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey traza una amplia panorámica de las inquietudes del exilio republicano en México durante el sexenio de Ávila Camacho. Excelente conocedor de los vericuetos de las relaciones hispano-mexicanas durante la dictadura franquista, Sola nos muestra un escenario más complejo de lo que tradicionalmente se ha venido considerando, en el que la vacilante posición de la administración avilacamachista hacia la España franquista y el propio exilio se entrecruza con los proyectos y conflictos internos de los refugiados españoles. El artículo profundiza en las aspiraciones y estrategias de los distintos sectores del exilio al final de la Segunda Guerra Mundial y en el rol desempeñado por la administración avilacamachista en estos proyectos. Un papel al que no fue ajena la utilización política del exilio para reforzar las supuestas credenciales democráticas del sistema político de signo autoritario creado durante el sexenio de Ávila Camacho.

            El dossier se cierra con un artículo de Sebastiaan Faber en torno al impacto del exilio sobre varias de las instituciones mexicanas más representativas del proceso de modernización institucional impulsado durante el sexenio avilacamachista, como fueron la UNAM, el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, nacido en 1938 como Casa de España en México. El catedrático de Estudios Hispánicos del Oberlin College, un reconocido especialista en torno a la influencia cultural del exilio en México, analiza la destacada participación de los refugiados españoles en el proceso de modernización y profesionalización de algunas de las instituciones educativas, culturales y económicas más emblemáticas de este período. Un proceso que –como señala el autor– contribuiría en definitiva a consolidar el modelo político autoritario mexicano pero que, al propio tiempo, haría posible crear una serie de instituciones modernas con un cierto grado de autonomía. Si bien tampoco hay que olvidar que su condición de extranjeros marcaría un límite a la contribución institucional de estos exiliados.

El artículo aborda asimismo un tema a menudo esquivado por la historiografía sobre el exilio, dada su incomodidad, como es el de las contradicciones ideológicas que hicieron posible la no siempre fácil aclimatación de estos exiliados políticos a un régimen político de discurso progresista pero con fuertes rasgos autoritarios. Un sistema político que, por otra parte, tuvo bastante éxito a la hora de cooptar masivamente a los intelectuales tanto mexicanos como españoles.

Como vemos, el presente número monográfico de Historia del Presente plantea una mirada poliédrica a un fragmento de la historia conjunta de España y México. Varios de los artículos han sido elaborados con fuentes tanto españolas como mexicanas. Su consulta fue posible gracias a una iniciativa conjunta del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española (CIHDE) y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y a la generosa financiación de la Cátedra del Exilio y el Banco de Santander.